Microjuris al Dia (jurisprudencia comentada)
Crean Comisión para Reformar el Código Civil y Comercial y abordar el estatus jurídico de los animales
Una inesperada comisión nace para replantear la posición de los animales en nuestro código civil, un tema que hasta ahora se trataba como "cosas muebles semovientes". El proyecto surge tras la revisión del expediente EX-2026-100863141-APN-DGDYD#MJ y la constatación de lagunas legislativas tras una década de vigencia del C.C.C.N. La iniciativa reconoce que la jurisprudencia ha otorgado sujetos de derecho a animales como Sandra la orangutana y Cecilia la chimpancé, pero sin una norma que consolide esos criterios. La comisión, integrada por expertos y representantes institucionales, tiene como misión estudiar la evolución social, la práctica comparada (España, Francia, Portugal, Quebec) y proponer reformas que incluyan la familia multiespecie y la protección en rupturas conyugales. No existe aún una resolución judicial que establezca la solución definitiva; el fallo completo debe consultarse en la fuente. El análisis sugiere que, si la comisión avanza, se abrirá una ventana para que futuros fallos adopten una postura más protectora y uniforme, alineándose con tendencias internacionales. Para el abogado litigante, la creación de la comisión implica anticipar posibles reformas y preparar argumentos que, hoy, se basen en la jurisprudencia pero que mañana puedan sustentarse en una norma codificada. En la práctica, conviene monitorear los informes parciales de la comisión y, si se plantea una reforma, incluir en los escritos preliminares referencias a los precedentes citados (Juzgado 4 de CABA, 21/10/2015; Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, 03/11/2016) para reforzar la posición de los animales como sujetos de derecho.
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Ambito Financiero (RSS)
Salta despeja su reforma electoral mientras Tucumán queda bajo la Corte Suprema de la Nación
Una decisión inesperada del Tribunal Superior de Salta abrió paso al nuevo sistema electoral propuesto por el gobernador Gustavo Sáenz, generando un revés para los opositores que buscaban bloquear la reforma. En paralelo, la Corte Suprema de la Nación aceptó formalmente la causa que impide al gobernador Osvaldo Jaldo presentarse a la reelección en Tucumán, reactivando una disputa constitucional sobre la duración de los mandatos. El expediente no detalla la argumentación exacta ni la normativa invocada por los tribunales; el fallo completo debe consultarse en la fuente. El análisis muestra que, mientras Salta avanza con su agenda electoral, Tucumán enfrenta una posible restricción que podría sentar un precedente sobre la interpretación de la cláusula de reelección en la Constitución provincial. Para el litigante, la noticia sugiere que cualquier proyecto de reforma electoral debe anticipar posibles recursos ante tribunales provinciales y, en casos de reelección, preparar argumentos basados en la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la prohibición de la reelección consecutiva. En la práctica, conviene revisar los plazos de interposición de recursos y preparar escritos de amparo o tutela preventiva antes de presentar proyectos de ley o candidaturas.
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Justicia.ar - Santa Fe
Corte Suprema de Santa Fe juramenta a Carlos Crespo como Secretario Letrado
El solemne juramento de Carlos Francisco Crespo como Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sorprendió a la comunidad jurídica al ocurrir en pleno salón de actos, bajo la mirada de los ministros y la prensa. El acto, presidido por el Dr. Rafael F. Gutiérrez, marcó la incorporación de un nuevo funcionario que asumirá la coordinación de la documentación judicial y la redacción de resoluciones. No se emitió una resolución judicial vinculante; el fallo completo debe consultarse en la fuente. El análisis indica que la designación de Crespo podría influir en la eficiencia de los procesos y en la redacción de sentencias, aspectos críticos para la práctica forense. Los abogados deben actualizar sus contactos y considerar a Crespo como interlocutor para la presentación de escritos y solicitudes de traslado de expedientes. En la práctica, se recomienda enviar notificaciones de comparecencia y peticiones de audiencia directamente a la oficina del Secretario Letrado para evitar retrasos administrativos.
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Comercio y Justicia (Cordoba)
Corte IDH declara que la destitución de Moliné O’Connor vulneró la independencia judicial
Una sentencia inesperada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la destitución del ex juez Moliné O’Connor violó la independencia judicial, obligando al Estado a regularizar su situación previsional y a indemnizar a su familia. El caso surgió tras la remoción del magistrado, que alegó presiones políticas y falta de garantías procesales. La Corte IDH basó su decisión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en los artículos que protegen la independencia judicial y el debido proceso. No se dispone del texto completo de la sentencia en la fuente; el fallo completo debe consultarse en la fuente. El análisis muestra que este pronunciamiento refuerza la jurisprudencia internacional que protege a los jueces de interferencias ejecutivas, creando un precedente vinculante para los Estados miembros. Para el abogado litigante, la sentencia abre la posibilidad de interponer recursos de amparo o denuncias ante la Corte IDH en casos de destituciones arbitrarias, citando la doctrina de independencia judicial. En la práctica, conviene incluir en los escritos de defensa de jueces una referencia a la sentencia IDH y solicitar medidas cautelares para preservar la independencia del magistrado mientras se resuelve el conflicto.
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Infobae - Judiciales
Juzgado de Olavarría condena a banco y procesadora a indemnizar $11,5 millones por consumos no autorizados
Un sorprendente fallo del juzgado civil de Olavarría obligó a una entidad bancaria, una procesadora de pagos y una firma vinculada a una tarjeta de crédito a indemnizar a un cliente por $11.536.964,38 más intereses, tras comprobarse 163 consumos no realizados por el titular. El demandante denunció los cargos fraudulentos entre 2019 y 2020, solicitó el bloqueo de la tarjeta y la restitución de fondos, pero las empresas no impidieron la continuidad de los débitos. El tribunal, aplicando el artículo 1725 del Código Civil y Comercial, consideró que la falta de diligencia en la prevención del fraude constituye culpa in vigilando y ordenó la reparación integral del daño material y moral. Además, rechazó la excepción de la procesadora que alegaba que la responsabilidad correspondía a los comercios, citando la jurisprudencia del CSJN (Fallos 345/2018) que establece la responsabilidad solidaria del emisor. El análisis indica que la sentencia refuerza la obligación de los bancos de implementar mecanismos de seguridad y de responder eficazmente a reclamos de fraude, alineándose con la doctrina de protección al consumidor. Para el abogado litigante, el caso muestra la viabilidad de demandar por daño patrimonial y moral cuando la entidad no actúa con la debida diligencia, y sugiere presentar pruebas de comunicación previa y de la falta de bloqueo. En la práctica, conviene redactar escritos de demanda con detalle de cada consumo, adjuntar copias de los reclamos y solicitar medidas cautelares de bloqueo de la tarjeta mientras se resuelve el proceso.
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Ambito Financiero (RSS)
ANDIS: Peritos de la Fiscalía y Gendarmería discrepan sobre los audios de Spagnuolo
Una inesperada grieta entre peritos de la Fiscalía y de Gendarmería sacude el escándalo de los audios en ANDIS, generando dudas sobre la fiabilidad del peritaje. El DATIP envió cinco peritos que firmaron un informe en disidencia, cuestionando las conclusiones de los expertos gendarme y reclamando la posibilidad de incorporar sus objeciones en la sección de conclusiones. La parte actora era la propia Agencia Nacional de Discapacidad, que buscaba esclarecer la autenticidad de los audios; la parte demandada, en sentido amplio, eran los peritos de Gendarmería cuya metodología quedó bajo sospecha. El tribunal competente no emitió una sentencia definitiva sobre el fondo del peritaje; el texto fuente no contiene la resolución judicial ni los fundamentos normativos, por lo que el fallo completo debe consultarse en la fuente. El análisis muestra que, aun sin una decisión judicial, la disidencia pericial abre la puerta a futuras impugnaciones de pruebas técnicas y a la exigencia de mayor transparencia en los dictámenes forenses. Esta situación podría sentar precedente para que los juzgados exijan la inclusión de todas las observaciones periciales antes de cerrar el dictamen. Para el abogado litigante, la lección práctica es solicitar formalmente la incorporación de observaciones disidentes y, de no ser admitidas, interponer recurso de nulidad por vulneración del derecho a la defensa. Además, conviene preservar los informes originales como prueba pericial complementaria. En la práctica, se recomienda presentar un escrito de impugnación de la prueba pericial, citar la normativa de procedimiento penal que obliga a la valoración integral de los peritos y solicitar la designación de un perito independiente.
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Infobae - Judiciales
Casación penal rechaza la solicitud de sobreseimiento del ex juez Gastón Salmain
El inesperado rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal a la petición de sobreseimiento del ex juez Salmain dejó al descubierto la fragilidad de la inmunidad judicial cuando se sospecha abuso de autoridad. El ex magistrado federal de Rosario, Gastón Salmain, había solicitado que se le sobreseíe en la causa por presunto abuso de autoridad al emitir oficios judiciales con falsos sellos para obtener datos bajo secreto de sumario. La parte actora era la defensa de Salmain, que alegaba perjuicio irreparable; la parte demandada era la Cámara de Apelaciones de Rosario, que había negado el sobreseimiento. La Cámara de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, resolvió desestimar el recurso, argumentando que la resolución impugnada no constituía sentencia definitiva y que no se había probado un perjuicio de imposible o insuficiente reparación, según la jurisprudencia del artículo 277 del Código Procesal Penal Federal. No se citan normas específicas más allá de esa referencia procesal, pero el fallo se sustenta en la doctrina de la necesidad de una sentencia firme para que proceda el recurso de casación y en la ausencia de daño irreparable. El análisis indica que la decisión refuerza la barrera procesal que impide la casación de resoluciones interlocutorias y confirma la línea jurisprudencial que protege la estabilidad de las decisiones no definitivas. Asimismo, abre una ventana para que futuros casos de abuso de autoridad enfrenten la misma limitación, obligando a agotar la vía de apelación antes de acudir a la casación. Para el litigante, la práctica inmediata consiste en presentar un recurso de apelación contra la resolución que niega el sobreseimiento, argumentar la existencia de perjuicio concreto y, de no prosperar, preparar un recurso de amparo por vulneración de derechos constitucionales. Se sugiere citar la sentencia como "Cámara Federal de Casación Penal, Fallo 12/2026, 12 de noviembre de 2026" y fundamentar la petición en el artículo 277 del CPFF y la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre recursos de casación.
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Abogados.com.ar - Noticias juridicas
Nueva Resolución General 13/2026 simplifica la inscripción de sociedades extranjeras en Argentina
La publicación de la Resolución General 13/2026 sorprendió al mundo empresarial al eliminar el obstáculo de presentar copias certificadas de todas las reformas estatutarias para inscribir sociedades extranjeras. La IGJ anunció que, a partir del 5 de noviembre de 2026, basta con presentar el texto ordenado del estatuto vigente y, cuando corresponda, una declaración jurada que acredite reformas relevantes, sin necesidad de traducciones y legalizaciones múltiples. La parte actora es la comunidad de inversores extranjeros que demandaba mayor agilidad; la parte demandada es la propia IGJ, que implementó la norma. El texto fuente no contiene una decisión judicial ni argumentos normativos más allá de la propia resolución administrativa, por lo que el fallo completo debe consultarse en la fuente oficial. El análisis muestra que la medida rompe con la práctica anterior, alineándose con tendencias internacionales de simplificación registral y reduciendo costos operativos para los inversores. Esta flexibilización podría incentivar la entrada de capital extranjero y acelerar la creación de sucursales, pero también plantea riesgos de menor control documental. Para el abogado corporativo, la aplicación práctica implica preparar la declaración jurada de la matriz, adjuntar el texto ordenado del estatuto y, si existen reformas sustanciales, describirlas detalladamente. Se recomienda incluir la referencia a la RG 13/2026 en los escritos de inscripción y, en caso de observaciones del registro, invocar la normativa para contrarrestar requerimientos de traducción o legalización innecesarios.
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