Microjuris al Dia (jurisprudencia comentada)
CSJN anula absolución por trata de personas al rechazar relación previa como eximente
Una sentencia absolutoria se desmorona porque el tribunal creyó que la víctima había mantenido una relación previa con el imputado, un argumento que sorprendió a la comunidad jurídica. El recurso de hecho fue interpuesto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa V.F.I., que involucraba a un hombre acusado de trata de personas con fines de explotación sexual. La parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia había incurrido en arbitrariedad al excluir la tipicidad del delito por la supuesta relación previa, vulnerando el art. 145 bis del Código Penal. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, anuló la absolución y recordó que la normativa penal no excluye la responsabilidad del autor aunque exista vínculo familiar o de pareja, debiendo aplicarse el art. 145 ter en casos de mayor gravedad. Además, el tribunal criticó la valoración del traslado de la víctima por sus propios medios, señalando que no basta para desestimar la captación y acogimiento con fines de explotación. La Corte subrayó que la autodeterminación de la mujer no puede convertirse en excusa para descalificar la conducta delictiva y citó la Convención de Belém do Pará como marco de derechos. Este pronunciamiento refuerza la línea jurisprudencial que impide interpretaciones restrictivas del delito de trata cuando el agresor es cercano a la víctima. Para el abogado litigante, la decisión implica que cualquier alegato de relación previa debe ser contrastado con la normativa penal y la doctrina de la Corte Suprema, evitando argumentos basados en supuestos “prejuicios”. Se recomienda presentar pruebas documentales de la ausencia de consentimiento y argumentar la aplicación del art. 145 ter en la fase probatoria, sin olvidar los plazos de interposición de recursos extraordinarios.
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La Nación - Retenciones e impuestos
Secretario de Agricultura pospone fecha de fin de retenciones y asegura continuidad de bajas
El secretario de Agricultura dejó a todos con la sensación de que la partida final de las retenciones sigue en el aire, mientras asegura que la tendencia a la baja continuará. En una entrevista, Sergio Iraeta explicó que la eliminación total de los derechos de exportación dependerá de la situación fiscal y que no hay una fecha definida para su fin. Las partes involucradas son el gobierno nacional, los productores agropecuarios y los sindicatos, que piden claridad sobre el calendario de reducción. No se trata de una decisión judicial, sino de una política pública anunciada por el Ejecutivo, por lo que no hay fallo ni fundamentos legales que analizar. El análisis muestra que la falta de una fecha concreta genera incertidumbre en los mercados y dificulta la planificación de inversiones agrícolas. Sin embargo, el mensaje de continuidad de la reducción mantiene la confianza de los exportadores y abre la puerta a negociaciones sobre nuevos incentivos. Para el abogado que asesora a productores, la recomendación práctica es monitorear los decretos y resoluciones que establezcan los plazos y, en su caso, interponer recursos administrativos si se vulneran derechos de los exportadores. También es útil preparar escritos que soliciten la aplicación de cláusulas de estabilidad contractual mientras la normativa sea incierta.
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La Nación - Retenciones e impuestos
Nicolás Pino promete retenciones cero para siempre tras ser reelecto al frente de la SRA
El nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, lanzó una promesa que suena a himno de campaña: “Retenciones cero por ley y para siempre”. Tras ganar la elección interna con 1.441 votos, Pino anunció que su gestión 2026‑2028 se enfocará en eliminar definitivamente los derechos de exportación y en fortalecer infraestructura y financiamiento. Las partes son la SRA, sus socios productores y el Estado, que mantiene la potestad tributaria. No existe una resolución judicial que respalde la promesa, por lo que no hay fallo ni fundamentos legales que describir. El análisis indica que la declaración, aunque política, podría influir en futuros debates legislativos y en la presión sobre el Congreso para modificar la Ley de Retenciones. Además, la postura de la SRA podría servir de argumento en litigios contra medidas impositivas que consideren desproporcionadas. Para el abogado que asesora a agroexportadores, la recomendación práctica es vigilar la agenda legislativa y preparar recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad si se aprueban retenciones que contravengan la línea de política anunciada por la SRA.
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La Nación - Justicia
Quiebra de Garbarino: subastas de activos insólitos, desde furgón Citroën hasta matafuegos
La quiebra de Garbarino se convirtió en un espectáculo de subastas donde hasta un furgón Citroën Berlingo se ofertó por siete millones de pesos más IVA. El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 ordenó la puesta en marcha de dos procesos de remate que incluyen desde portapallets hidráulicos hasta lotes de extintores, con bases totales que superan los trece millones de dólares. Las partes son la masa concursal, los acreedores y los posibles compradores, mientras que la autoridad judicial actúa como garante del proceso. No hay una sentencia que resuelva un conflicto jurídico, sino una medida de ejecución de la quiebra decretada. El análisis muestra que la diversificación de los bienes rematados refleja la complejidad del activo de la empresa y la necesidad de maximizar la recuperación para los acreedores. Además, la inclusión de activos no tradicionales puede abrir precedentes para futuras quiebras de retailers que posean inventarios heterogéneos. Para el abogado que representa a un acreedor, la recomendación práctica es presentar ofertas competitivas y acompañarlas de garantías de pago, así como solicitar la inclusión de cláusulas que permitan la recuperación de posibles créditos preferentes dentro del proceso de liquidación.
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Abogados.com.ar - Noticias juridicas
Neuquén y Jujuy impulsan incentivos mineros y trámites digitales con nuevas resoluciones
En agosto de 2026, dos provincias argentinas lanzaron un paquete de normas que prometen transformar la minería regional mediante incentivos y digitalización. Neuquén aprobó el Plan de Desarrollo Industrial “Invierta Neuquén”, que crea un régimen de beneficios para proyectos mineros, mientras que Jujuy implementó una resolución que obliga a presentar los informes de monitoreo ambiental exclusivamente por la plataforma digital TAD. Las partes son los gobiernos provinciales, las empresas mineras y la comunidad afectada por la actividad extractiva. No existe un fallo judicial que respalde estas medidas, por lo que no hay decisión ni fundamentos legales que describir. El análisis indica que la normativa provincial busca atraer inversión al ofrecer certeza jurídica y reducir costos administrativos, pero también plantea desafíos de cumplimiento para las empresas acostumbradas a trámites físicos. La digitalización puede servir de modelo para otras jurisdicciones y generar jurisprudencia administrativa sobre la validez de los requisitos digitales. Para el abogado que asesora a una minera, la recomendación práctica es adaptar los procedimientos internos para cumplir con los plazos de la resolución 22‑M/2026 y preparar los documentos requeridos en formato electrónico, evitando sanciones por incumplimiento.
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Boletin Oficial Provincia de Buenos Aires
Subasta electrónica de inmueble en Trenque Lauquen: base de US$86.667 y depósito de garantía
Una vivienda familiar en la calle Sáenz Peña de Trenque Lauquen será vendida en una subasta electrónica con una base de US$86.667 y un depósito de garantía de US$4.333,35. El Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Lauquen ordenó la subasta dentro del concurso especial “Sánchez WRBA”, que afecta a Diego Osvaldo Sánchez y Juan José. Las partes son el ejecutado, los acreedores y el martillero Ricardo Luis Sacco, quien gestionará la puja virtual. No hay una sentencia que resuelva un litigio, sino una medida de ejecución de una ejecución hipotecaria. El análisis muestra que la subasta electrónica amplía la participación de postores y reduce costos logísticos, pero también exige que los interesados cuenten con fondos líquidos y conocimiento de la plataforma. Además, la fijación de la base en dólares refleja la práctica de valorar inmuebles en moneda fuerte para proteger el valor real del bien. Para el abogado que representa a un postor, la recomendación práctica es depositar la garantía dentro del plazo y presentar la documentación requerida, además de preparar un escrito de impugnación de la base si se considera sobrevalorada, dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la publicación.
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Infobae - Judiciales
Aerolinea condenada a pagar $440.000 por pérdida total de equipaje en vuelo Bariloche‑Buenos Aires
Una valija desaparecida dejó al pasajero sin ropa ni recuerdos y, sin embargo, la aerolínea no ofreció solución alguna. El 17 de febrero de 2018 el viajero arribó al Aeroparque Jorge Newbery y constató que su equipaje no estaba en la cinta. Presentó reclamo inmediato y, días después, su familiar acudió a objetos perdidos sin obtener respuesta. La demanda sostenía que la pérdida no era un simple retraso, sino una “no entrega” que generó daño material y moral. La aerolínea negó los hechos y trató de desviar la responsabilidad a la empresa de servicios de rampa, la cual también se excusó de toda obligación contractual. El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.º 4 verificó que el pasajero realizó el trayecto y que el equipaje fue efectivamente extraviado, y constató la falta de colaboración de la aerolínea con la pericia contable. Aplicó el Código Aeronáutico, que impone responsabilidad objetiva al transportista por pérdida de equipaje, y citó la normativa de condiciones generales del contrato de transporte aéreo. En consecuencia, condenó a la aerolínea a pagar $440.000 más intereses, reconociendo daño material y moral. La decisión refuerza la carga probatoria sobre quien alega el hecho y la presunción en contra del transportista que obstaculiza la investigación. Para el litigante, la sentencia indica que la falta de entrega de pruebas contables puede traducirse en presunción de responsabilidad y que la demanda debe acompañarse de pruebas de valoración del daño moral. Mañana el abogado puede usar este fallo como precedente para solicitar indemnizaciones por pérdida total de equipaje, citando el artículo 1 del Código Aeronáutico y la jurisprudencia del Juzgado 4, y presentar la prueba pericial de valoración del daño dentro del plazo de dos años.
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Abogados.com.ar - Noticias juridicas
CABA elimina la obligación de rúbrica de libros laborales según la Ley 27.802
Una norma que parecía inmutable quedó sin efecto tras la publicación de la Resolución N.º 852/SECTE/2026 en el Boletín Oficial de la Ciudad. La Secretaría de Trabajo y Empleo de la CABA dispuso que la rúbrica de la documentación laboral prevista en el art. 52 de la LCT deje de exigirse, con efectos retroactivos al 1 de junio de 2026. La medida se sustenta en la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, que reconoce el alta y baja en los sistemas ARCA como suficiente acreditación del cumplimiento. No se trata de una sentencia judicial, sino de una resolución administrativa que modifica la práctica de los empleadores. El texto no contiene una decisión de tribunal ni argumentos jurisprudenciales; el fallo completo debe consultarse en la fuente oficial. El cambio elimina la obligación de llevar libros físicos o digitales, alineando la normativa con la digitalización de los registros laborales. Para los abogados, la novedad implica que ya no será necesario solicitar la presentación de libros en procesos laborales, pero sí será crucial verificar la correcta carga de datos en ARCA. En la práctica, el profesional deberá orientar a sus clientes a actualizar los sistemas de alta‑baja y a conservar los respaldos electrónicos como evidencia de cumplimiento.
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Comercio y Justicia (Cordoba)
Debate constitucional sobre la arquitectura adversarial del proceso penal en Córdoba
Un académico de la UNC abrió la discusión sobre la necesidad de adaptar el proceso penal cordobés a los principios constitucionales de adversarialidad y debido proceso. El artículo señala que la reforma es inaplazable y propone una arquitectura que garantice la igualdad de armas y la publicidad de las audiencias. No se trata de una resolución judicial ni de un fallo concreto; el texto carece de decisión de tribunal y, por ende, el fallo completo debe consultarse en la fuente original. El autor menciona la jurisprudencia del Supremo que exige garantías procesales, pero no cita casos específicos. La pieza sirve como reflexión doctrinal para quienes diseñan estrategias de defensa penal, indicando que los abogados deberán estar preparados para argumentar sobre la constitucionalidad de los actos procesales y, eventualmente, presentar recursos de amparo o tutela si se vulneran las garantías señaladas.
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Microjuris al Dia (jurisprudencia comentada)
Córdoba responsabiliza al Estado por intercambio de recién nacidas en 1977
Una tragedia de décadas atrás volvió a los tribunales cuando dos recién nacidas fueron intercambiadas por error en un hospital cordobés, generando una larga lucha judicial. La demanda, interpuesta por las familias afectadas, alegó negligencia grave del Estado provincial al no garantizar la correcta identificación y entrega de los bebés. El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial, 35ª Nominación, dictó sentencia el 6 de agosto de 2026, reconociendo la responsabilidad extracontractual del Estado por daño moral y patrimonial. El tribunal aplicó la doctrina de responsabilidad del Estado por actos ilícitos, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la obligación de reparar los daños causados por la administración pública. Se ordenó el pago de una indemnización a favor de las víctimas, aunque el monto exacto no se detalla en el resumen. La decisión refuerza el principio de que la negligencia en la prestación de servicios de salud constituye una causa de responsabilidad del Estado. Para el abogado litigante, el fallo abre la puerta a nuevas acciones de reparación contra entes públicos por errores médicos, y sugiere la necesidad de presentar pruebas periciales de identificación y testimonios de los hechos. En la práctica, el profesional podrá citar esta sentencia para fundamentar demandas de indemnización por errores de identificación en hospitales, invocando la doctrina de responsabilidad del Estado y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
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Comercio y Justicia (Cordoba)
Jueza Borruto declara competencia en causa preventiva por daño ambiental en Malvinas
Una jueza federal de Garantías, Mariel Borruto, tomó la decisión que muchos esperaban: se declaró competente para conocer una acción preventiva impulsada por abogados y veteranos contra compañías petroleras por posibles daños ambientales en las Islas Malvinas. La causa, presentada bajo la jurisdicción federal, busca evitar futuros perjuicios ecológicos y obliga a las empresas a adoptar medidas de mitigación. La magistrada fundamentó su competencia en la naturaleza transnacional del daño y en la protección del medio ambiente, alineándose con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce la acción preventiva como medio de tutela. No se dispone de un fallo completo en el resumen, por lo que el fallo completo debe consultarse en la fuente. La decisión abre precedentes para que futuros litigios ambientales en territorios en disputa puedan ser canalizados en la justicia federal, reforzando la doctrina de la acción preventiva. Los abogados que trabajen en casos de daño ambiental podrán citar esta resolución para argumentar la competencia de los tribunales federales y la necesidad de medidas cautelares anticipadas.
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Perfil (RSS)
Policías federales siguen bajo custodia tras fallo que niega su libertad provisional
Un juez de Córdoba sorprendió al país al rechazar la libertad provisional de dos policías federales acusados de simular un allanamiento. Emanuel Elías Guardia y Matías Mercado fueron detenidos tras denuncias de que su patrulla realizó un falso ingreso a una vivienda, sustrajo objetos y alteró pruebas. La defensa solicitó la puesta en libertad argumentando falta de pruebas y vulneración de derechos, mientras la Fiscalía exigía la continuidad de la medida cautelar por riesgo de entorpecer la investigación. El magistrado Alejandro Sánchez Freytes denegó la solicitud, señalando maniobras como el cambio de kilometraje del móvil oficial, el descarte de teléfonos y la desactivación de cámaras de seguridad, que consideró indicios de intento de obstrucción. No se citan normas específicas ni jurisprudencia en el extracto disponible; el fallo completo debe consultarse en la fuente para conocer los fundamentos legales exactos. La decisión refuerza la línea jurisprudencial que prioriza la preservación de la investigación cuando existen indicios de manipulación de pruebas, alineándose con la doctrina de la Corte Suprema sobre medidas cautelares en casos de posible destrucción de evidencia. Sin embargo, abre la puerta a futuros recursos de amparo por parte de los agentes, quienes podrían alegar vulneración del principio de presunción de inocencia. Para el litigante, la medida implica que la defensa deberá preparar un recurso de apelación fundado en la falta de motivación concreta y en la necesidad de demostrar que no existe riesgo real de entorpecimiento. Asimismo, será crucial solicitar la práctica inmediata de peritajes sobre los dispositivos electrónicos y los registros de kilometraje para contrarrestar las acusaciones de manipulación.
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Infobae (RSS ultimas)
Cambio de fiscal en audiencia de imputación a Laura Sarabia genera incertidumbre procesal
La audiencia de imputación de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Petro, se vio envuelta en una inesperada sustitución de fiscal que ha despertado dudas sobre la continuidad del proceso. La fiscal titular, Marcela Abadía, no asistirá por vacaciones programadas, y la delegada Patricia Hernández asumirá la representación del ente investigador ante la Corte Suprema. En la diligencia, la acusada enfrentará cargos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado, vinculados al polémico polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza. El texto de la noticia no contiene una resolución judicial ni argumentos jurídicos que sustenten la imputación; simplemente informa sobre la logística de la audiencia. Por tanto, el fallo completo debe consultarse en la fuente para conocer los fundamentos legales y la normativa invocada. La ausencia de una decisión judicial impide analizar si se sigue la doctrina de la Corte Constitucional sobre la legalidad de los polígrafo y la protección de datos personales. No obstante, el cambio de fiscal podría influir en la estrategia de la defensa, que deberá adaptarse a un nuevo interlocutor con posibles distintas líneas de argumentación. El abogado litigante debe anticipar la necesidad de presentar pruebas que demuestren la falta de vínculo causal entre el supuesto robo y la realización del polígrafo, y preparar recursos de nulidad en caso de vulneración de garantías procesales. Además, será esencial vigilar los plazos de presentación de pruebas y recursos, ya que la sustitución de fiscal no altera los términos establecidos por la ley.
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Ambito Financiero (RSS)
Denuncian al director jurídico del Tribunal de Tasaciones por presunta influencia en dictámenes de expropiación
Una denuncia anónima ha puesto bajo la lupa al director de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones, Juan Ignacio Rivera, por supuesta manipulación de dictámenes técnicos en un proceso de expropiación. Según la Oficina Anticorrupción, Rivera habría representado a un consorcio mientras intervenía en la elaboración de los informes que determinan el valor de los inmuebles a ser expropiados, creando un conflicto de interés evidente. La denuncia, presentada el 13 de julio, aún no ha generado una resolución judicial ni una sentencia que detalle los fundamentos legales aplicados. En consecuencia, el fallo completo debe consultarse en la fuente para conocer si se invocaron normas de incompatibilidad, la Ley 1474 de lucha contra la corrupción o la normativa interna del Ministerio de Economía. La situación plantea una posible violación del principio de imparcialidad administrativa y podría sentar precedentes en la jurisprudencia sobre la independencia de los órganos técnicos del Estado. Si se confirma, la Corte Suprema podría reforzar la doctrina que exige la separación estricta entre la representación legal y la función de dictamen técnico. Para el abogado litigante, el caso sugiere la necesidad de solicitar pruebas documentales que demuestren la doble actuación del funcionario y, de ser pertinente, interponer recursos de nulidad contra los dictámenes afectados. Asimismo, será prudente vigilar los plazos de investigación administrativa y preparar escritos que invocan la doctrina de incompatibilidad para futuros procesos de expropiación.
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